Qué abarca el derecho penal económico
El derecho penal económico agrupa los delitos que atacan el patrimonio o el orden socioeconómico, normalmente cometidos en el ámbito de una empresa o de una relación de confianza, y afecta tanto a empresas como a particulares. Es una rama del derecho penal donde el conocimiento mercantil y contable pesa tanto como el procesal, y donde rige el principio de intervención mínima: el derecho penal solo debe actuar cuando las vías civiles y las reclamaciones mercantiles no bastan. Los más frecuentes en la práctica de los abogados penalistas de Murcia son:
- Estafa (artículo 248 del Código Penal): engaño bastante para que otro haga un acto de disposición en su perjuicio. Prisión de seis meses a tres años, y de uno a seis años en los supuestos agravados del artículo 250, como cuando recae sobre la vivienda o el perjuicio es de especial gravedad.
- Administración desleal (artículo 252) y apropiación indebida (artículo 253), con las mismas penas que la estafa.
- Alzamiento de bienes (artículo 257): ocultar o vaciar el patrimonio para no pagar a los acreedores o frustrar un embargo. Prisión de uno a cuatro años y multa.
- Insolvencias punibles (artículo 259): conductas fraudulentas en situación de insolvencia actual o inminente. Prisión de uno a cuatro años y multa.
- Delitos societarios, como el falseamiento de cuentas anuales mediante gastos ficticios o ingresos ocultos (artículo 290), y corrupción en los negocios (artículo 286 bis).
Los delitos fiscales y el blanqueo de capitales tienen rankings propios en Murcia por su especialidad. Cuando el perjudicado es la Administración, entran en juego además figuras como la malversación de fondos públicos, propias de los delitos de corrupción. Y cuando el dinero procede del tráfico de drogas o de otros delitos contra la salud pública, la conducta encaja en el blanqueo.
La responsabilidad penal de las empresas
Desde 2010 las personas jurídicas pueden ser condenadas por los delitos cometidos en su nombre y en su beneficio por sus administradores o por empleados a los que no se controló debidamente (artículo 31 bis). La empresa puede quedar exenta si antes del delito había implantado un modelo de prevención de delitos, el conocido compliance penal, y puede demostrar su eficacia. La ley exige además que un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control supervise su funcionamiento. Para las pymes de la Región de Murcia, con frecuencia empresas familiares del sector agroalimentario, la construcción o el comercio, revisar ese modelo es tan importante como la defensa cuando ya hay una querella.
Cómo se defiende un caso de delitos económicos
Son procedimientos documentales y largos. La instrucción se apoya en contabilidad, extractos bancarios, correos y contratos, y casi siempre en una pericial económica. La defensa trabaja sobre varios frentes a la vez:
- Distinguir el incumplimiento civil o mercantil del engaño penal: no todo impago es estafa, y ese es el punto de partida de muchos sobreseimientos.
- Fijar con precisión los hechos y el papel de cada administrador o socio en la toma de decisiones.
- Aportar una pericial contable propia que explique las operaciones cuestionadas.
- Controlar la prescripción (artículo 131): cinco años para la mayoría de estos delitos y diez cuando la pena máxima supera los cinco años.
- Valorar la reparación del daño, que atenúa la pena y puede abrir una conformidad, y pedir la libertad o el levantamiento de medidas cautelares cuando no estén justificadas.
Muchos casos empiezan con una denuncia o querella de un socio, un acreedor o una entidad, y el procedimiento civil o concursal discurre en paralelo. Coordinar ambos ante juzgados y tribunales distintos es parte del trabajo del abogado especialista en derecho penal en Murcia, y resolver pronto los problemas de prueba documental tiene mucha importancia para la resolución final.
Qué buscar en un abogado de delitos económicos en Murcia
- Conocimiento contable y mercantil además del penal, o equipo con peritos expertos de confianza.
- Experiencia con clientes de distinto perfil: empresas, entidades, administradores y particulares.
- Un despacho con sede en la Región y atención directa del abogado responsable, sujeto al secreto profesional y a las normas de la abogacía.
- Experiencia tanto en la defensa de administradores como en la acusación de empresas perjudicadas.
- Capacidad para gestionar instrucciones largas y con mucho volumen documental.
- Asesoramiento preventivo en compliance para empresas de la Región.
