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de Santa Cruz de Tenerife

Qué hace un abogado de derecho administrativo en Tenerife

El derecho administrativo regula la relación entre los ciudadanos y la Administración pública. En Tenerife intervienen tres niveles con competencias propias: el Estado, la Comunidad Autónoma (Gobierno de Canarias) y la Administración local, formada por el Cabildo Insular y los treinta y un ayuntamientos de la isla, además de sus organismos y entidades dependientes. El abogado administrativista se encarga de la defensa de particulares y empresas frente a la Administración, revisa la legalidad de sus actos conforme al ordenamiento jurídico y lleva los recursos en vía administrativa y ante los tribunales. Las materias más habituales son:

• Sanciones y multas: de tráfico, de costas, ambientales, de consumo o de otros ámbitos, y la defensa en el procedimiento sancionador desde el primer escrito de alegaciones.
• Licencias y urbanismo: denegaciones de licencias de obra o de actividad, órdenes de demolición y expedientes de disciplina urbanística, con la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias como norma de referencia, también en materia de medio ambiente y protección del territorio.
• Expropiaciones: impugnación del justiprecio y de la necesidad de ocupación de los bienes; si después no se destinan a los fines que justificaron la expropiación, puede pedirse la reversión.
• Función pública: oposiciones, concursos de traslados, situaciones administrativas y expedientes disciplinarios de funcionarios y personal estatutario.
• Responsabilidad patrimonial: reclamaciones por el daño causado por el funcionamiento de los servicios públicos, como una caída en la vía pública o una asistencia sanitaria defectuosa (artículo 32 de la Ley 40/2015), con plazo de un año.
• Contratación pública y subvenciones: recursos en licitaciones, resolución de contratos y reintegro de ayudas.

Cómo se recurre frente a la Administración en Santa Cruz de Tenerife

El procedimiento se rige por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que regula los procedimientos administrativos de todas las Administraciones de España. Lo primero es revisar la notificación: el contenido del acto, si pone fin o no a la vía administrativa y qué recurso cabe. A continuación:

• Vía administrativa: recurso de alzada, si el acto no agota la vía administrativa, o recurso potestativo de reposición, si la agota; en ambos casos, un mes si el acto es expreso. También cabe la revisión de oficio de los actos nulos y el recurso extraordinario de revisión en supuestos tasados.
• Silencio administrativo: si la Administración no resuelve una solicitud en plazo, el efecto depende de la materia; en los procedimientos iniciados por el interesado la regla general es el silencio positivo, con excepciones importantes (por ejemplo, en responsabilidad patrimonial o en las licencias que afectan al dominio público, el silencio es negativo).
• Vía contencioso-administrativa: el recurso se interpone en dos meses desde la notificación del acto expreso que pone fin a la vía administrativa. Desde la Ley Orgánica 1/2025, los antiguos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo forman la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia, y los asuntos de mayor entidad, como los recursos contra disposiciones generales o actos del Gobierno de Canarias, los conoce la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife. Contra sus resoluciones cabe, en algunos casos, recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
• Medidas cautelares: interponer un recurso no suspende por sí solo la ejecución del acto, así que en multas elevadas o en órdenes de demolición conviene pedir la suspensión desde el inicio, antes de que la Administración pueda llevar a cabo la ejecución.

Los plazos son breves y se cuentan desde el día siguiente a la notificación, por eso es importante guardar todos los datos de la tramitación: la fecha de cada notificación, el número de expediente y el órgano que dictó el acto. A través de la sede electrónica de cada Administración se puede consultar el estado del procedimiento.

Qué buscar en un abogado administrativo: Santa Cruz de Tenerife y el resto de la isla

• Especialización en el ámbito concreto: urbanismo, función pública, sanciones o contratación son materias muy distintas dentro del derecho administrativo. Pregunta qué experiencia tiene el despacho en tu tipo de asunto y si cuenta con especialistas en esa rama o con apoyo técnico (arquitectos, ingenieros) cuando hace falta.
• Conocimiento de la Administración canaria: del Gobierno de Canarias, del Cabildo y de los ayuntamientos, de su normativa propia, de su aplicación práctica y de los criterios de los tribunales de la provincia.
• Visión preventiva: contar con asesoría jurídica antes de pedir una licencia o de presentar alegaciones evita muchos procedimientos contencioso-administrativos posteriores.
• Información clara sobre la vía adecuada, los plazos, los riesgos y las costas del proceso, sin promesas de resultado.
• Colegiación en el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (ICATF) o práctica acreditada ante la jurisdicción contencioso-administrativa en Canarias, y un equipo capaz de llevar el asunto hasta el final.

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