Multa coercitiva

La multa coercitiva es uno de los medios de ejecución forzosa enumerados en el art. 100 Ley 39/2015, junto con el apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria y la compulsión sobre las personas. Su carácter distintivo es que no busca castigar sino vencer la resistencia al cumplimiento, manteniendo intacta la propia obligación de hacer, no hacer o entregar.

Naturaleza jurídica:

• No es una sanción: no castiga la conducta antijurídica, sino que constriñe al cumplimiento. No requiere la valoración de la culpabilidad ni la observancia de las garantías sancionadoras.
• Es ejecutiva: se impone para hacer cumplir un acto administrativo previo (orden, requerimiento) que el obligado se niega a cumplir voluntariamente.
• Es compatible con las sanciones que puedan imponerse por la misma conducta (STC 215/2016, doctrina consolidada).

Requisitos para su utilización (art. 103 Ley 39/2015): cuando así lo autoricen las leyes, en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas. La multa coercitiva debe estar prevista expresamente en una norma con rango de ley para ser utilizada.

Supuestos típicos en que las leyes la prevén:

• Ejecución de órdenes urbanísticas (Texto Refundido Ley del Suelo, legislación autonómica).
• Cumplimiento de medidas medioambientales (Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental).
• Ejecución de obligaciones derivadas de la Inspección Tributaria (art. 99 LGT, arts. 161-173 LGT).
• Restablecimiento de la legalidad en materia de competencia (art. 67 LDC).
• Cumplimiento de normas de defensa de los consumidores y de los servicios mínimos en huelga.
• Ejecución de obligaciones de hacer impuestas a empresas sometidas a regulación sectorial (telecomunicaciones, energía, transporte).

Características formales:

• Reiterabilidad: la multa puede repetirse por plazos suficientes para cumplir lo ordenado, hasta que el obligado se aviene al cumplimiento.
• Independencia de cada multa: cada multa es un acto administrativo autónomo y recurrible.
• Cuantía y plazos: los que prevea la ley sectorial habilitante. Las leyes suelen fijar topes (porcentaje de la facturación, importes máximos) y periodicidad (semanal, mensual).
• Notificación expresa y motivación.
• Recursos: contra cada multa procede el recurso administrativo o contencioso correspondiente.

Distinción frente a otros medios:

• Frente al apremio sobre el patrimonio: aquél persigue una deuda líquida ya determinada (vía de cobro); la multa coercitiva persigue un hacer o no hacer pendiente.
• Frente a la ejecución subsidiaria: ésta presupone que la Administración realiza por sí o por tercero la actuación material a costa del obligado; la multa coercitiva mantiene el deber de hacer en cabeza del obligado.
• Frente a la sanción: ésta castiga la conducta antijurídica; la multa coercitiva fuerza el cumplimiento.

Garantías constitucionales: el TC ha confirmado la constitucionalidad de las multas coercitivas siempre que respeten el principio de legalidad y de proporcionalidad y se distingan adecuadamente de las sanciones. La acumulación de multa coercitiva y sanción no vulnera el principio non bis in idem (STC 215/2016).

Fuentes oficiales: Ley 39/2015 LPACAP (BOE) · Tribunal Constitucional