Ejecución subsidiaria

La ejecución subsidiaria es uno de los medios de ejecución forzosa enumerados en el art. 100 Ley 39/2015 (junto al apremio sobre el patrimonio, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas). La Administración suple la inactividad del obligado realizando la conducta requerida por sí misma o por tercero contratado al efecto, repercutiéndole después el coste.

Requisito esencial (art. 102.1 Ley 39/2015): que se trate de actos cuyo cumplimiento, por no ser personalísimo, pueda ser realizado por sujeto distinto del obligado. Excluye, por tanto, las obligaciones de prestación personal del propio obligado, las puramente artísticas o intelectuales o las que requieran condiciones personales del deudor.

Supuestos típicos:

• Demolición de obras realizadas sin licencia o contra licencia (urbanismo).
• Restitución del medio ambiente alterado (limpieza de vertidos, descontaminación de suelos, retirada de residuos).
• Realización de obras o reparaciones impuestas por la Inspección de Trabajo.
• Ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Administración.
• Cumplimiento de medidas sanitarias o de protección frente a enfermedades animales.
• Desinfección, desratización y desinsectación de inmuebles.
• Retirada de vehículos abandonados en la vía pública.
• Ejecución forzosa de actos urbanísticos como apertura de zanjas, reposición de servicios, recuperación de espacios públicos.

Procedimiento:

• Acto administrativo previo ejecutivo y exigible: la obligación debe estar plenamente determinada (acto firme o ejecutable; no caben recursos suspensivos pendientes).
• Apercibimiento: comunicación al obligado del propósito de proceder a la ejecución subsidiaria, con plazo para cumplir voluntariamente.
• Realización por la Administración: si el obligado no cumple, la Administración ejecuta directamente o contrata a un tercero (mediante el procedimiento de contratación correspondiente).
• Liquidación de los gastos: realizadas las actuaciones, se calculan los gastos efectivamente producidos, incluidos daños y perjuicios, y se exigen al obligado mediante acto administrativo.
• Cobro: en periodo voluntario; si no, mediante apremio sobre el patrimonio (otro medio de ejecución forzosa).

Importe exigible (art. 102.3 Ley 39/2015): el importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme al procedimiento previsto en el art. 101 (apremio sobre el patrimonio). Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

Provisión de fondos: si la Administración considera necesario, puede exigir al obligado la provisión de fondos suficientes para sufragar los gastos de la ejecución subsidiaria. Esta provisión es exigible mediante apremio.

Reglas de garantía:

• La ejecución debe respetar el principio de proporcionalidad: utilizar el medio menos restrictivo de los derechos individuales.
• El acto previo debe ser firme o ejecutable; ejecutar un acto suspendido es nulo de pleno derecho (art. 47.1.f Ley 39/2015).
• La notificación del acto y del apercibimiento es esencial.
• El obligado tiene derecho a participar en la cuantificación de los gastos y a impugnar tanto el acto principal como la liquidación.
• El procedimiento de contratación con terceros debe respetar la LCSP (Ley 9/2017).

Frente a la multa coercitiva, la ejecución subsidiaria es más definitiva: resuelve el problema material; la multa busca convencer al obligado para que actúe por sí. A menudo se combinan: primero multas coercitivas reiteradas; si no funcionan, ejecución subsidiaria como último recurso.

Fuentes oficiales: Ley 39/2015 LPACAP (BOE) · LCSP Ley 9/2017 (BOE)