Confianza legítima

El principio de confianza legítima es uno de los principios generales del Derecho administrativo de mayor recorrido jurisprudencial. Proviene del Derecho administrativo alemán (Vertrauensschutz) y fue incorporado al Derecho de la UE por el TJUE desde sus primeras sentencias en los años 70 (asunto Tomadini 1979, Mulder 1988, Sofrimport 1990). En España se positivizó en el art. 3.1 de la Ley 30/1992 y se mantiene en el art. 3.1.e de la Ley 40/2015 LRJSP.

Concepto: la confianza legítima protege al ciudadano frente a los cambios bruscos o retroactivos de la Administración cuando ésta ha generado expectativas razonables mediante:

• Actos propios: actuaciones previas dirigidas al interesado o a colectivos en los que se incluye.
• Criterios reiterados: doctrina administrativa o jurisprudencial consolidada que ha venido aplicándose con regularidad.
• Regulación estable: normas o disposiciones que han suscitado expectativas duraderas y razonables.
• Promesas o compromisos: declaraciones formales o tácitas que han movido al interesado a confiar.

Requisitos para su aplicación (jurisprudencia consolidada TS):

• Existencia de una actuación o promesa previa de la Administración generadora de la expectativa.
• Razonabilidad y buena fe del beneficiario: la confianza debe ser legítima, basada en la creencia objetiva de que la Administración mantendría su línea.
• Adopción de decisiones por el ciudadano basadas en esa confianza (inversiones, contrataciones, organización de su actividad).
• Cambio brusco o retroactivo en la actuación administrativa que perjudica al beneficiario.
• Ponderación con el interés público: la confianza legítima cede ante intereses públicos prevalentes y graves, pero la Administración debe motivar la divergencia y, en su caso, indemnizar.

Manifestaciones jurisprudenciales:

• Limitación de la retroactividad de normas sancionadoras o desfavorables: prohibida por el art. 9.3 CE.
• Régimen transitorio: cuando una norma cambia un régimen sustancial, debe prever un régimen transitorio razonable que respete las expectativas consolidadas.
• Doctrina de los actos propios (venire contra factum proprium): la Administración no puede ir contra sus propios actos previos sin justificación.
• Liquidaciones tributarias que se apartan sin justificación de la doctrina administrativa anterior: el contribuyente puede invocar la confianza legítima.
• Subvenciones: el cambio sobrevenido de criterios de concesión o reintegro no puede aplicarse retroactivamente a beneficiarios que cumplieron las condiciones vigentes.

Distinción frente a otros principios:

• Seguridad jurídica (art. 9.3 CE): es más amplio, abarca todo el ordenamiento; la confianza legítima es una manifestación específica en el ámbito administrativo.
• Irretroactividad (art. 9.3 CE): prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales; la confianza legítima se aplica también a actos no normativos.
• Buena fe: integra el comportamiento subjetivo del particular; la confianza legítima objetiva la expectativa razonable.
• Igualdad ante la ley (art. 14 CE): impide trato discriminatorio; la confianza legítima impide cambios de criterio injustificados aunque sean generales.

Consecuencias jurídicas: la vulneración del principio puede dar lugar a la anulación del acto que lo conculca, a la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños causados o al reconocimiento de un derecho a permanecer en el régimen anterior.

Fuentes oficiales: Ley 40/2015 LRJSP (BOE) · CENDOJ