Qué son los delitos informáticos en el Código Penal
El Código Penal no tiene un capítulo único de delitos informáticos: castiga las conductas cometidas a través de sistemas informáticos o contra ellos en distintos artículos. Los abogados especialistas en delitos informáticos combinan el conocimiento de esos tipos penales con el de la prueba digital, que suele decidir el procedimiento. Los más frecuentes son:
- Estafa informática (artículo 249): conseguir una transferencia no consentida de dinero mediante una manipulación informática o con el uso fraudulento de tarjetas u otros instrumentos de pago, con pena de prisión de seis meses a tres años. Aquí entran muchos fraudes por phishing y suplantación de identidad bancaria.
- Acceso ilegal a sistemas (artículo 197 bis): acceder sin autorización a un sistema de información vulnerando sus medidas de seguridad, o mantenerse en él contra la voluntad de su titular, con prisión de seis meses a dos años; también se castiga la interceptación de transmisiones de datos.
- Descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197): apoderarse de mensajes, correos o datos personales de otro para vulnerar su intimidad, con prisión de uno a cuatro años, que sube si se difunden.
- Difusión de imágenes íntimas (artículo 197.7): difundir sin autorización imágenes o grabaciones obtenidas con el consentimiento de la persona en un ámbito privado, cuando se lesiona gravemente su intimidad.
- Daños informáticos (artículo 264): borrar, dañar o hacer inaccesibles datos o programas ajenos de forma grave, con prisión de seis meses a tres años, y de dos a cinco si se comete en el marco de una organización criminal o causa daños de especial gravedad.
- Acoso (artículo 172 ter): el acoso insistente y reiterado, también a través de medios de comunicación o usando indebidamente los datos personales de la víctima.
Ciberdelitos que afectan a las empresas
Para una empresa, un delito informático puede ser un ataque de ransomware que cifra sus sistemas y exige un rescate (daños informáticos del artículo 264 y, según el caso, extorsión del artículo 243), el robo de secretos de empresa por un empleado o un competidor (artículo 278), la piratería de su software o sus contenidos protegidos por la propiedad intelectual (artículo 270) o una estafa por suplantación de un proveedor. Además de la denuncia, la empresa debe gestionar la brecha de seguridad: si afecta a datos personales, el Reglamento General de Protección de Datos obliga a notificarla a la autoridad de control en un plazo de setenta y dos horas cuando suponga un riesgo para las personas. Los abogados especialistas en delitos informáticos trabajan junto a los equipos de ciberseguridad para preservar las pruebas, revisar los protocolos internos y decidir las acciones legales, siempre con estricta confidencialidad.
Para los particulares, los casos más habituales son las estafas en internet y en las redes sociales, las amenazas (artículo 169) o el acoso a través de mensajería, la difusión de imágenes íntimas y la suplantación de identidad para contratar servicios o pedir préstamos. Cada delito informático tiene sus particularidades, pero en todos la rapidez es decisiva: muchas plataformas conservan los datos de conexión durante un tiempo limitado.
La prueba digital: dónde se gana o se pierde el caso
En estos procedimientos la prueba son direcciones IP, registros de conexión, capturas de pantalla, mensajes de aplicaciones, movimientos bancarios y el contenido de teléfonos y ordenadores. Su obtención está regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 588 bis y siguientes), que exige autorización judicial motivada para intervenir comunicaciones o registrar dispositivos. Una defensa técnica revisa si se respetó la cadena de custodia de los soportes, si el volcado se hizo con garantías y si las capturas aportadas son íntegras. Para la víctima, lo decisivo es conservar las pruebas desde el primer momento y, cuando hace falta, acompañarlas de un informe pericial informático.
Cómo se tramita una denuncia por un delito informático
- Denuncia ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el juzgado de guardia, aportando todas las evidencias disponibles. En los fraudes bancarios conviene comunicarlo además de inmediato a la entidad.
- Instrucción en la sección de instrucción del Tribunal de Instancia, del lugar donde se cometió el delito (en los delitos a distancia, el Tribunal Supremo admite cualquier lugar en el que se haya realizado algún elemento del delito), con requerimientos a operadoras, plataformas y bancos para identificar al autor.
- Juicio ante la sección de lo penal o la Audiencia Provincial, según la pena. Las causas con autores en el extranjero exigen cooperación judicial internacional y pueden alargarse.
Qué buscar en un abogado especialista en delitos informáticos
- Experiencia real en ciberdelincuencia y conocimiento técnico suficiente para discutir la prueba digital.
- Trabajo coordinado con peritos informáticos de confianza.
- Capacidad para actuar con rapidez en la conservación de pruebas y en las medidas de bloqueo de fondos o de retirada de contenidos.
- Experiencia en la acusación de las víctimas y en la defensa de investigados, con información clara sobre las posibilidades reales del caso y sin promesas de resultado.
- Conocimiento de un mundo que cambia deprisa: el cibercrimen evoluciona con las nuevas tecnologías, y los errores en las primeras horas pueden hacer perder pruebas esenciales.
