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de España

Qué hacen los mejores abogados laboralistas de España

El abogado laboralista asesora y defiende a trabajadores, empleados públicos con contrato laboral, empresas y organizaciones sindicales y empresariales en todo lo que regula el derecho del trabajo: el contrato, el salario, la jornada, las condiciones de trabajo, el despido y las prestaciones de la Seguridad Social. La norma de cabecera es el Estatuto de los Trabajadores, junto con la Ley General de la Seguridad Social, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los convenios colectivos de cada sector.

Un buen abogado laboral en España no se limita a litigar. Una parte importante del trabajo es preventiva: la revisión y redacción de contratos y documentos laborales, el análisis del convenio aplicable, el diseño de un plan de igualdad o el asesoramiento antes de una modificación de condiciones. Cuando el conflicto ya existe, el laboralista estudia la situación, valora la prueba disponible y explica al cliente qué vía tiene más sentido en su contexto: negociación, conciliación o demanda.

Materias que llevan los abogados expertos en derecho laboral

• Despido disciplinario y objetivo. El despido se puede impugnar en el plazo de veinte días hábiles (artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores). Si el juzgado lo declara improcedente, la empresa elige entre readmitir o indemnizar con treinta y tres días de salario por año de servicio, con un máximo de veinticuatro mensualidades (artículo 56). Para los contratos anteriores al 12 de febrero de 2012 se calcula una parte a cuarenta y cinco días por año.
• Despido nulo y discriminación. Es nulo el despido que tenga por móvil alguna causa de discriminación o que vulnere derechos fundamentales, y el de las trabajadoras embarazadas o durante los permisos que la ley protege (artículo 55.5). La nulidad obliga a readmitir y a pagar los salarios dejados de percibir.
• Despido colectivo, ERE y ERTE. Hay despido colectivo cuando, en noventa días, la extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción afecta al menos a diez trabajadores en empresas de menos de cien, al diez por ciento en las de cien a trescientos o a treinta en las de más de trescientos (artículo 51). Exige un periodo de consultas con la representación legal del personal; esa consulta debe versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos. Los ERTE y el mecanismo RED (artículo 47 bis) permiten suspender contratos o reducir jornada sin extinguirlos.
• Modificación sustancial de condiciones. Los cambios de jornada, horario, turnos, sistema de remuneración o funciones se rigen por el artículo 41 del Estatuto. El trabajador perjudicado puede impugnarlos o, en algunos supuestos, extinguir el contrato con indemnización.
• Acoso laboral y tutela de derechos fundamentales. El acoso, el acoso sexual o por razón de sexo y la discriminación se defienden por el procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que permite reclamar el cese de la conducta y una indemnización por daños. El trabajador también puede pedir la extinción del contrato por incumplimiento grave de la empresa (artículo 50 del Estatuto).
• Accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Además de las prestaciones, cuando el accidente se debe a la falta de medidas de prevención de riesgos laborales procede un recargo del 30 al 50 por ciento de las prestaciones a cargo de la empresa (artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social), compatible con la indemnización de daños y perjuicios.
• Incapacidades y prestaciones. Incapacidad temporal, incapacidad permanente en sus grados de parcial, total, absoluta y gran invalidez, jubilación, desempleo y viudedad. Antes de demandar al INSS o a la mutua hay que presentar una reclamación administrativa previa.
• Reclamaciones de cantidad. Salarios impagados, horas extraordinarias, complementos y diferencias de convenio. Las acciones derivadas del contrato prescriben al año (artículo 59.1).

Obligaciones de la empresa que más reclamaciones generan

• Registro de jornada. Desde el Real Decreto-ley 8/2019 la empresa debe registrar a diario el inicio y el final de la jornada de cada trabajador y conservar los registros cuatro años (artículo 34.9 del Estatuto). Es una prueba clave en las reclamaciones de horas extraordinarias.
• Protocolo frente al acoso. Todas las empresas deben promover condiciones que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para prevenirlo y atender las denuncias (artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad).
• Plan de igualdad. Es obligatorio en las empresas de cincuenta o más trabajadores (artículo 45 de la misma ley) y se negocia con la representación legal de los trabajadores.

El procedimiento laboral, paso a paso

1. Conciliación o mediación previa. Antes de la demanda, en la mayoría de asuntos es obligatorio intentar la conciliación ante el servicio administrativo de mediación, arbitraje y conciliación de cada comunidad autónoma (artículo 63 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). La papeleta suspende el plazo de caducidad del despido. Muchos conflictos se cierran aquí, con un acuerdo, antes de llegar a juicio.
2. Demanda. Se presenta ante la sección de lo social del Tribunal de Instancia (los antiguos Juzgados de lo Social), que conoce de los asuntos en primera instancia desde la reforma de la Ley Orgánica 1/2025.
3. Acto de conciliación judicial y juicio. El mismo día se intenta un acuerdo ante el letrado de la Administración de Justicia y, si no lo hay, se celebra el juicio oral, en el que se practica la prueba: documentos, testigos, periciales y, en su caso, el interrogatorio de parte.
4. Recursos. La sentencia se recurre en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. Contra las sentencias de suplicación cabe el recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

Los conflictos colectivos y las impugnaciones de convenios cuyo ámbito supera el de una comunidad autónoma los resuelve la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (artículo 8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). Por eso los despachos con práctica nacional suelen llevar los grandes despidos colectivos y los conflictos de empresas con centros de trabajo en varias comunidades.

Qué buscar en un abogado laboralista en España

1. Especialización real. El derecho laboral tiene subáreas muy distintas: despidos, Seguridad Social, accidentes, acoso o negociación colectiva. Conviene que el abogado o el equipo de especialistas tenga experiencia en el problema concreto, no solo en el área en general, y que asuma la dirección letrada del asunto de principio a fin.
2. Asistencia desde el primer momento. Muchos problemas laborales se complican por firmar un finiquito o una carta sin revisarla; la asistencia temprana evita errores difíciles de corregir después.
3. Control de los plazos. Veinte días hábiles para el despido y un año para la mayoría de reclamaciones de cantidad. Un buen profesional revisa los plazos el primer día.
4. Conocimiento del convenio colectivo. Cada sector y provincia tiene el suyo, con tablas salariales, categorías y reglas propias que cambian el cálculo de una indemnización.
5. Un interlocutor claro. Que el cliente sepa qué abogado lleva su asunto, cómo se van a hacer los trámites y qué documentos necesita, y que reciba información realista sobre las opciones, sin promesas de resultado.
6. Experiencia en casos parecidos. Pregunta cuántos asuntos similares al tuyo ha llevado. Un buen abogado revisa primero tus documentos y después te explica los puntos fuertes y débiles del caso.
7. Defensa de un solo lado del conflicto en cada asunto. Muchos despachos asesoran tanto a empresas como a trabajadores; lo importante es que defiendan los intereses de su cliente sin conflicto de interés, como exige el Estatuto General de la Abogacía Española (Real Decreto 135/2021).

En la jurisdicción social también pueden representar a las partes los graduados sociales colegiados, que llevan con frecuencia asuntos de Seguridad Social y despidos sencillos; en los recursos ante el Tribunal Supremo, la firma de abogado es obligatoria.

Los despachos de este ranking tienen carácter nacional, pero la mayoría de los asuntos laborales se resuelven ante la sección de lo social del lugar de prestación de servicios. Si buscas abogados laborales cerca de ti, consulta los rankings por ciudad.

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