Defraudación tributaria

El delito fiscal es la figura central del derecho penal económico. Tras la reforma de la LO 7/2012 y siguientes, el Código Penal articula un sistema progresivo de tipos en función del importe defraudado y de la entidad de la conducta.

Tipo básico (art. 305.1 CP):

• Conducta: defraudar a la Hacienda estatal, autonómica, foral o local eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales.
• Cuantía: superior a 120.000 €. Por debajo es infracción administrativa, no delito.
• Pena: prisión 1-5 años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante 3-6 años.

Tipo cualificado (art. 305 bis CP):

• Pena de prisión 2-6 años y multa cuando concurra alguna de estas circunstancias:
  • Cuantía defraudada superior a 600.000 €.
  • Defraudación cometida en el seno de una organización o grupo criminal.
  • Utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios fiduciarios o paraísos fiscales que dificulten la identificación del obligado tributario o la cuantificación de la deuda.

Delitos conexos:

• Defraudación a la Seguridad Social (art. 307 CP): umbral 50.000 € (15.000 € si grupo criminal).
• Defraudación de subvenciones (art. 308 CP): obtener subvenciones públicas o ayudas falseando condiciones, por importe superior a 120.000 €.
• Defraudación contable (art. 310 CP): incumplimiento absoluto de la obligación contable, llevanza de doble contabilidad, anotaciones falsas, ocultación de ingresos.
• Defraudación a la Hacienda Comunitaria (art. 305.3 y 306 CP): umbral 50.000 € en perjuicio de los presupuestos de la UE.

Regularización (art. 305.4 CP):

• Quedan exentos de responsabilidad penal si el obligado tributario regulariza voluntariamente su situación antes de que la Administración tributaria haya notificado el inicio de actuaciones inspectoras, o ante el Ministerio Fiscal o el juez.
• Beneficio limitado: no opera si la regularización es parcial o se produce tras conocer las actuaciones.

Responsabilidad de personas jurídicas (art. 310 bis CP): las sociedades pueden ser condenadas por el delito fiscal cometido en su nombre y beneficio. Penas: multa, disolución, inhabilitación para contratar con la Administración, intervención judicial.

Relación con el procedimiento administrativo:

• Si la AEAT detecta defraudación superior a 120.000 €, debe remitir el tanto de culpa al Ministerio Fiscal y paralizar el procedimiento administrativo.
• El proceso penal se sigue ante el Juzgado de Instrucción competente.
• Tras la sentencia penal, en ejecución, se cuantifica la responsabilidad civil (deuda tributaria + intereses + sanción).

Fuentes oficiales: Código Penal (BOE) · Agencia Tributaria · Fiscalía Anticorrupción