Sanción administrativa

La sanción administrativa, a pesar de sus diferencias funcionales con la pena criminal, comparte con ella la naturaleza punitiva. La STC 18/1981 consolidó la aplicación matizada de los principios del derecho penal al derecho sancionador administrativo.

Principios rectores (art. 25 CE + arts. 25-31 Ley 40/2015):

• Legalidad: las infracciones y sanciones deben estar previstas en ley formal o norma con rango suficiente.
• Tipicidad: la conducta sancionable debe estar descrita con precisión.
• Irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables y retroactividad de las favorables.
• Culpabilidad: dolo o culpa, no responsabilidad objetiva (con matices en sancionador económico).
• Proporcionalidad: la sanción debe ser proporcional a la gravedad de la infracción.
• Non bis in idem: no cabe sancionar dos veces por los mismos hechos (con doble vía penal-administrativa, prevalece la penal).
• Presunción de inocencia: la Administración debe probar la infracción.

Clasificación de las infracciones (la mayoría de las leyes sectoriales):

• Muy graves: las de mayor reproche.
• Graves.
• Leves.

Tipos de sanción:

• Multa pecuniaria: la más común.
• Inhabilitación para el ejercicio de actividades o profesiones.
• Suspensión de actividades.
• Cierre de establecimiento.
• Decomiso de bienes.
• Amonestación pública o privada.

Procedimiento sancionador (Ley 39/2015):

1. Inicio de oficio (acuerdo del órgano competente).
2. Propuesta de resolución tras instrucción.
3. Audiencia al interesado: 10 días para alegaciones y prueba.
4. Resolución motivada en plazo máximo (6 meses, salvo norma especial).
5. Caducidad si excede el plazo.

Recursos: alzada (si no agota la vía administrativa) o reposición (potestativo si la agota). Después, vía contencioso-administrativa.

Prescripción de las infracciones y sanciones (art. 30 Ley 40/2015): 3 años (muy graves), 2 años (graves), 6 meses (leves) salvo norma especial.

Fuentes oficiales: Ley 40/2015 (BOE) · Ley 39/2015 (BOE) · Jurisprudencia TC