Cuestión de inconstitucionalidad

La cuestión de inconstitucionalidad es el procedimiento de control concreto de constitucionalidad. Permite al juez ordinario, cuando deba aplicar una ley dudosa en un caso real, suspender el procedimiento y consultar al TC. Es uno de los mecanismos esenciales del Estado de Derecho constitucional, garantía de que las leyes inconstitucionales no se apliquen en perjuicio de los ciudadanos.

Sujetos legitimados (art. 35.1 LOTC): exclusivamente los jueces y tribunales integrantes del Poder Judicial. Las partes del proceso no pueden formularla directamente; pueden solicitarla y el juez decide.

Requisitos:

• Existencia de un proceso judicial en curso: la cuestión surge en el seno de un proceso concreto, no abstractamente.
• Aplicabilidad de la norma al caso: la norma cuestionada debe ser aplicable al supuesto enjuiciado para resolver el fondo.
• Dependencia del fallo de la validez de la norma cuestionada: el resultado del proceso debe depender de si la ley se aplica o no.
• Existencia de duda razonable sobre la constitucionalidad: el juez no debe formular la cuestión por mera discrepancia; debe tener una duda razonable y fundada.
• Imposibilidad de la interpretación conforme: el juez debe haber intentado interpretar la norma de modo compatible con la CE. Sólo si no es posible llegar a una interpretación conforme, procede plantear la cuestión.
• Trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal antes de plantear la cuestión: 10 días para alegaciones.
• Auto motivado del juez planteando la cuestión, especificando la norma cuestionada, los preceptos constitucionales presuntamente vulnerados y la motivación.

Momento procesal: una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia (art. 35.2 LOTC). Es decir, cuando esté todo listo para sentencia. La cuestión no puede plantearse en fase de instrucción ni durante la sustanciación del proceso.

Trámite ante el TC (art. 37 LOTC):

• Auto de admisión a trámite: el Pleno del TC decide sobre la admisión. Causas de inadmisión: defectos formales, falta de juicio de relevancia (no se acredita la dependencia del fallo de la validez de la norma), notoria falta de fundamento (la duda es manifiestamente infundada).
• Suspensión del proceso judicial: el proceso a quo queda suspenso hasta la resolución de la cuestión por el TC.
• Emplazamiento del Gobierno, Congreso, Senado, Fiscal General del Estado, órgano legislativo y ejecutivo autonómico (si la norma es autonómica) y demás interesados constitucionalmente reconocidos.
• Alegaciones: 15 días.
• Sentencia: del Pleno del TC.

Efectos de la sentencia:

• Si declara la inconstitucionalidad: produce efectos generales (erga omnes), con los mismos alcances que la sentencia del recurso de inconstitucionalidad.
• Si declara la constitucionalidad: vincula al juez planteante para que aplique la norma, sin perjuicio de la doctrina interpretativa que el TC pueda dejar establecida.
• Reanudación del proceso a quo: una vez resuelta la cuestión, el juez planteante reanuda el procedimiento y dicta sentencia conforme a la doctrina del TC.

Cuestión interna de inconstitucionalidad (art. 55.2 LOTC): cuando el TC, al resolver un recurso de amparo, considere que el acto recurrido es lesivo de derechos fundamentales pero la lesión proviene directamente de la propia ley, la Sala plantea cuestión al Pleno, que dicta sentencia con efectos generales sobre la ley.

Relevancia práctica: la cuestión de inconstitucionalidad es uno de los principales canales de depuración del ordenamiento jurídico. Decenas de cuestiones se plantean anualmente. Muchas inconstitucionalidades históricas se han declarado por esta vía: el delito de blasfemia, la dispensa civil de declarar de los parientes en el proceso penal, los plazos de prescripción de las acciones reales y personales, la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo en infracciones de tráfico, la regulación de la libertad de expresión en la Ley de Enjuiciamiento Militar, las plusvalías municipales (STC 182/2021 declaró la nulidad parcial de la normativa).

Cuestión prejudicial al TJUE: en paralelo, los jueces nacionales pueden plantear cuestiones prejudiciales al TJUE sobre interpretación del Derecho UE o validez de sus normas (art. 267 TFUE). Distinta naturaleza: la cuestión al TC es sobre constitucionalidad de leyes nacionales; la cuestión prejudicial al TJUE es sobre interpretación o validez del Derecho UE.

Fuentes oficiales: LOTC LO 2/1979 (BOE) · TC