Nulidad de pleno derecho

La nulidad de pleno derecho es la sanción más enérgica que el ordenamiento prevé frente a la actuación administrativa contraria a Derecho. A diferencia de la anulabilidad (régimen general), opera ipso iure y no se sana por el transcurso del tiempo ni por la conformidad del afectado.

Causas tasadas (art. 47.1 Ley 39/2015): son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas:

• a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional (arts. 14 a 29 y 30.2 CE).
• b) Dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
• c) Que tengan un contenido imposible.
• d) Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
• e) Dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
• f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
• g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley.

El art. 47.2 añade la nulidad de las disposiciones administrativas (reglamentos) que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Características de la nulidad:

• Operatividad ipso iure: no requiere declaración constitutiva. Las partes pueden actuar como si el acto no existiera, aunque por seguridad jurídica conviene obtener la declaración formal.
• No subsanable: el vicio no se convalida por el paso del tiempo ni por la conformidad del afectado.
• Sin plazo: la acción para instar la revisión de oficio o para denunciar la nulidad no caduca ni prescribe.
• Efectos ex tunc: la nulidad opera desde la fecha del acto, retrotrayendo sus efectos. Procede la restitución de cuanto se hubiera ejecutado.
• No produce efectos jurídicos válidos: aunque pueda haber producido efectos fácticos, éstos son ilegítimos y deben anularse.

Vías para obtener la declaración:

• Recurso administrativo ordinario: alzada o reposición, dentro de plazo.
• Revisión de oficio (arts. 106-107 Ley 39/2015): la Administración puede en cualquier momento, de oficio o a solicitud del interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, declarar la nulidad. Es la vía típica frente a actos firmes y consentidos.
• Recurso contencioso-administrativo: dentro del plazo de 2 meses desde la notificación del acto o de su declaración expresa de nulidad o anulabilidad.
• Cuestión de ilegalidad de disposiciones generales (arts. 27 y 123-126 LJCA).

Indemnización: si se han producido daños, procede la responsabilidad patrimonial de la Administración (arts. 32 ss. Ley 40/2015), aunque deben acreditarse los elementos típicos (lesión efectiva, evaluable económicamente, individualizada).

Fuentes oficiales: Ley 39/2015 LPACAP (BOE) · Ley 40/2015 LRJSP (BOE)