Acto anulable

La anulabilidad es la regla general en materia de invalidez de los actos administrativos. Frente a la nulidad de pleno derecho (excepcional, tasada y operativa ipso iure), la anulabilidad opera por recurso, en plazo y con consecuencias menos radicales.

Concepto (art. 48 Ley 39/2015): son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, salvo aquellos en que concurra alguna de las causas tasadas de nulidad de pleno derecho del art. 47.

Características esenciales:

• Régimen general: cualquier infracción del ordenamiento que no encaje en las causas de nulidad da lugar a anulabilidad.
• Requiere declaración: el acto anulable produce efectos hasta que se anule formalmente.
• Plazos breves: la anulabilidad sólo puede invocarse en los plazos del recurso administrativo (1 mes para reposición o alzada) o del contencioso-administrativo (2 meses).
• Convalidación posible (art. 52 Ley 39/2015): la Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan. La convalidación produce efectos desde su fecha, salvo que reglamentariamente se disponga otra cosa o que se hubiera establecido alternativamente la retroactividad limitada.
• Conservación de actos y trámites (art. 51 Ley 39/2015): el órgano que declare la anulabilidad de las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
• Transmisibilidad limitada (art. 49 Ley 39/2015): la anulabilidad del acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

Excepción a la anulabilidad por defectos formales (art. 48.2 Ley 39/2015): el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido sólo implica anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

Causas frecuentes de anulabilidad:

• Falta de motivación adecuada cuando es exigible.
• Omisión del trámite de audiencia.
• Vulneración de las reglas de competencia que no constituya manifiesta incompetencia por materia o territorio (que sería nulidad).
• Errores en la valoración de la prueba.
• Interpretación incorrecta de la norma aplicable.
• Desviación de poder: ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los previstos en el ordenamiento.
• Incumplimiento del procedimiento legalmente establecido sin alcanzar la prescindencia total.
• Defectos en la notificación que produzcan indefensión.

Conversión de actos viciados (art. 50 Ley 39/2015): los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.

Lesividad: si el acto anulable es favorable al interesado, la Administración no puede revisarlo de oficio sin más. Debe acudir al proceso de lesividad (art. 107 Ley 39/2015): previa declaración formal de lesividad para el interés público en el plazo de 4 años, recurrirlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Fuentes oficiales: Ley 39/2015 LPACAP (BOE) · LJCA Ley 29/1998 (BOE)