Ley de Transparencia

La Ley 19/2013 supuso un avance significativo en la apertura de la actividad pública en España, alineando al país con los estándares europeos. Combina tres ejes: publicidad activa (información que las Administraciones deben publicar de oficio), derecho de acceso a la información pública y buen gobierno (obligaciones éticas y régimen disciplinario de altos cargos).

Ámbito subjetivo (art. 2 Ley 19/2013):

• Administración General del Estado, CCAA, EELL y todas las entidades de su sector público.
• Casa de Su Majestad el Rey, Congreso, Senado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social, autoridades autonómicas análogas, en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho Administrativo.
• Banco de España, organismos reguladores y autoridades administrativas independientes.
• Sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público.
• Asociaciones constituidas por las Administraciones Públicas.
• Partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, entidades privadas que perciban ayudas públicas en cuantías superiores a las legalmente establecidas.

Publicidad activa (arts. 6-11 Ley 19/2013): obligación de publicar de oficio en los Portales de Transparencia:

• Información institucional: funciones, normativa, estructura organizativa.
• Planes y programas: con sus objetivos, actividades, medios y plazos de ejecución.
• Información de relevancia jurídica: directrices, instrucciones, consultas, anteproyectos, documentos sometidos a información pública.
• Contratos: todos los formalizados con el sector público (objeto, importe, procedimiento de adjudicación, instrumentos de publicación, adjudicatarios).
• Convenios y encomiendas de gestión: con sus términos.
• Subvenciones y ayudas públicas concedidas: con importes, objetivo y beneficiarios.
• Presupuestos, cuentas anuales, informes de auditoría.
• Retribuciones percibidas por altos cargos y máximos responsables: indemnizaciones por cese.
• Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad.
• Declaraciones de bienes y actividades de los representantes locales.
• Información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios.

Buen gobierno (Título II, arts. 25-32): obligaciones específicas para altos cargos y asimilados (ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, asimilados):

• Principios generales: actuar con transparencia, integridad, lealtad, austeridad, accesibilidad, eficacia.
• Principios de actuación: prohibiciones de aceptar regalos, conflicto de intereses, abstención obligatoria.
• Régimen disciplinario: tipificación de infracciones graves y muy graves; sanciones que pueden incluir cese, inhabilitación y publicidad.

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG): organismo independiente encargado de promover la transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información, así como velar por el cumplimiento de las obligaciones de buen gobierno.

Leyes autonómicas: la mayoría de CCAA han desarrollado su propia ley de transparencia que amplía y desarrolla la Ley 19/2013 en su ámbito territorial (Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco). Algunas son particularmente avanzadas (Cataluña, Aragón) e incluyen registros de lobbies, indicadores de cumplimiento, sanciones más severas.

Fuentes oficiales: Ley 19/2013 (BOE) · CTBG · Portal de Transparencia AGE