Inviolabilidad del domicilio

La inviolabilidad del domicilio es uno de los derechos fundamentales con regulación más antigua y consolidada (ya estaba en la Constitución de 1812). Protege la esfera de privacidad física del individuo: el espacio donde reside y desarrolla su vida íntima al margen del conocimiento ajeno.

Concepto constitucional de domicilio (STC 22/1984 y consolidada): no coincide necesariamente con el civil (lugar de residencia habitual del art. 40 CC) ni con el administrativo (centro de imputación a efectos fiscales o registrales). El domicilio constitucionalmente protegido es cualquier espacio físico que constituya el ámbito propio y reservado donde se desarrolla la vida privada del titular, esté o no destinado a vivienda permanente.

Espacios incluidos:

• Vivienda habitual y segundas residencias.
• Habitaciones de hotel mientras se ocupan.
• Caravanas, autocaravanas y embarcaciones cuando se utilicen como vivienda.
• Tiendas de campaña.
• Despachos profesionales en cuanto albergan datos confidenciales y secretos (despachos de abogados, médicos, periodistas; STC 137/1985).
• Locales sociales y oficinas de personas jurídicas en supuestos limitados (STC 137/1985 confirmó que las personas jurídicas pueden ser titulares del derecho en cuanto a sus locales con cierto grado de privacidad funcional).

Espacios excluidos:

• Naves y locales industriales sin función habitacional.
• Garajes, trasteros y elementos comunes de edificios.
• Establecimientos abiertos al público (tiendas, restaurantes).
• Vehículos automóviles de uso ordinario (salvo que se utilicen como vivienda).
• Habitaciones de centros penitenciarios: el TC ha admitido que el recluso conserva derechos pero su celda no es estrictamente domicilio (STC 89/2006).

Excepciones al consentimiento o autorización judicial (art. 18.2 CE):

• Consentimiento del titular: expreso, libre, informado y consciente. El TC ha sido especialmente exigente: el consentimiento del cónyuge no titular es válido para sí pero no afecta al cotitular ausente; el consentimiento bajo coacción o engaño es nulo.
• Resolución judicial: auto motivado del juez competente (juez de instrucción de guardia con carácter general). Debe identificar el domicilio, la finalidad del registro, los hechos investigados, las pruebas que se esperan obtener y los funcionarios autorizados a entrar. El registro se practica con asistencia del secretario judicial (LAJ), del titular del domicilio o, en su defecto, de un familiar mayor de edad o de dos testigos.
• Flagrante delito: la flagrancia exige inmediatez temporal (delito en ejecución o recién cometido), inmediatez personal (el delincuente está allí o acaba de salir), evidencia (percepción directa de la situación). La doctrina del TC (STC 341/1993) es restrictiva: meras sospechas o denuncias no constituyen flagrancia.

Supuestos especiales:

• Estado de excepción y de sitio: el art. 55.1 CE permite suspender el derecho mediante LO; durante la pandemia COVID-19, la STC 148/2021 y 183/2021 declararon inconstitucional el confinamiento domiciliario por RD por afectar a la libre circulación (no estrictamente al domicilio).
• Estado de alarma: no permite suspender la inviolabilidad del domicilio (sólo limitarla en términos muy estrictos relacionados con la finalidad).
• Inspecciones administrativas: las inspecciones tributarias, laborales, sanitarias requieren autorización judicial si afectan a domicilio constitucionalmente protegido (STC 50/1995 sobre inspecciones tributarias). En locales abiertos al público o establecimientos comerciales sin función habitacional, no es necesaria.
• Entrada para evitar daño grave: la jurisprudencia ha admitido la entrada sin autorización en supuestos de necesidad urgente (incendio, escape de gas, riesgo para la vida).

Garantías procesales (arts. 545-572 LECrim): el registro domiciliario debe documentarse en acta, recoger los objetos hallados, respetar la dignidad de los ocupantes, no extenderse a más espacios o documentos de los autorizados.

Inadmisión de pruebas obtenidas con vulneración del derecho (art. 11.1 LOPJ): las pruebas obtenidas violentando los derechos fundamentales no surten efecto, incluidas las derivadas (doctrina de los frutos del árbol envenenado, con la excepción de la conexión de antijuridicidad introducida por la STC 81/1998).

Protección penal: art. 202 CP (allanamiento de morada por particular, pena de prisión de 6 meses a 2 años); arts. 203-204 CP (allanamiento de morada por funcionario público, pena agravada); arts. 534-537 CP (delitos cometidos por funcionarios contra la inviolabilidad domiciliaria).

Fuentes oficiales: CE (BOE) · LECrim (BOE) · TC