Derecho de reunión (art. 21 CE)

El derecho de reunión es esencial para el pluralismo y la participación democrática. Permite a los ciudadanos congregarse para expresar opiniones, formular reivindicaciones, debatir cuestiones públicas o privadas, mostrar disenso o adhesión.

Contenido (art. 21 CE):

• 21.1: «Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.»
• 21.2: «En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.»

Características esenciales:

• Carácter pacífico y sin armas: requisito constitucional inderogable.
• Carácter colectivo: agrupación concertada y temporal de personas con finalidad determinada.
• No exige autorización: regla general. Sólo comunicación previa en lugares públicos.
• Tiempo y lugar libres: dentro de las limitaciones legítimas.

Clases de reuniones (LO 9/1983):

• Reuniones en lugares cerrados: no requieren comunicación. Pueden ser privadas (en domicilios, locales privados) o abiertas al público (auditorios, salas de actos).
• Reuniones en lugares abiertos al público estables (estadios, edificios públicos): generalmente sometidas a la regulación específica de cada lugar.
• Reuniones en lugares de tránsito público: requieren comunicación previa (mítines en plazas, concentraciones en parques).
• Manifestaciones: desplazamientos colectivos por la vía pública. Requieren comunicación previa.

Reuniones excluidas del ámbito de la LO 9/1983 (art. 2):

• Las que celebren las personas físicas en sus propios domicilios.
• Las que celebren las personas físicas en locales públicos o privados por razones familiares o de amistad.
• Las que celebren los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, sociedades civiles y mercantiles, asociaciones, corporaciones, fundaciones, cooperativas, comunidades de propietarios y demás legalmente constituidas en lugares cerrados, para sus propios fines y mediante convocatoria que sólo alcance a sus miembros.
• Las que se celebren en unidades, buques y recintos militares.

Comunicación previa (arts. 8-9 LO 9/1983):

• Plazo: como mínimo 10 días naturales (y máximo 30) antes de la fecha de celebración. En casos de urgencia, hasta 24 horas antes con justificación.
• Destinatario: autoridad gubernativa (Subdelegación del Gobierno o Delegación del Gobierno, según ámbito).
• Contenido: nombre, apellidos, domicilio, DNI de los organizadores; lugar, fecha, hora y duración prevista; objeto; itinerario en caso de manifestación; medidas de orden propuestas.

Facultad de prohibición o modificación por la autoridad (art. 10 LO 9/1983):

• Sólo cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
• La autoridad puede proponer modificaciones (cambio de lugar, fecha, hora, itinerario) razonables, motivadas y proporcionales.
• Resolución motivada en plazo de 72 horas.
• Si los organizadores no aceptan las modificaciones, pueden mantener la reunión bajo su responsabilidad o suspenderla.
• La resolución es recurrible en vía contencioso-administrativa por procedimiento preferente y sumario (art. 122 LJCA).

Disolución de reuniones (art. 5 LO 9/1983): la autoridad puede disolver las reuniones cuando:

• Se considere que es ilícita de conformidad con las leyes penales.
• Se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.
• Se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.
• Tratándose de manifestaciones, no se haya respetado el contenido de la comunicación.

Doctrina TC (STC 66/1995, STC 195/2003 y otras): la prohibición o limitación es excepcional; debe motivarse caso a caso con razones objetivas y proporcionales; la mera existencia de molestias para el tráfico u otras actividades cotidianas no justifica la prohibición; el derecho a manifestarse debe prevalecer salvo riesgo grave.

Régimen sancionador: la LOPSC (LO 4/2015, «Ley mordaza») tipifica como infracción administrativa la celebración de manifestaciones no comunicadas (infracción leve), las concentraciones frente al Congreso o asambleas legislativas autonómicas (grave), la perturbación grave de la seguridad ciudadana en reuniones o concentraciones (muy grave). Ha sido objeto de fuertes críticas y la STC 13/2021 declaró inconstitucional algunos de sus preceptos.

Marco internacional: art. 11 CEDH (libertad de reunión pacífica y de asociación) y art. 21 PIDCP, con interpretación amplia del TEDH (casos Bukta c. Hungría, Ezelin c. Francia, Kudrevičius c. Lituania).

Fuentes oficiales: CE (BOE) · LO 9/1983 (BOE) · LOPSC LO 4/2015 (BOE)