Derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE)

El derecho a la igualdad es el primer derecho fundamental reconocido por la sección 1ª del capítulo II del título I de la CE («De los derechos fundamentales y de las libertades públicas») y, por tanto, está protegido con las máximas garantías: reserva de ley orgánica para su desarrollo, vinculación directa de todos los poderes públicos, susceptibilidad del recurso de amparo ante el TC.

Contenido (jurisprudencia consolidada del TC, desde la STC 22/1981):

• Igualdad ante la ley: la ley debe tratar igual a quienes están en situaciones iguales y desigual a quienes están en situaciones desiguales. Lo prohibido es la discriminación, no toda diferenciación.
• Igualdad en la aplicación de la ley: los órganos administrativos y judiciales no pueden apartarse arbitrariamente de criterios anteriores ante supuestos sustancialmente iguales. La modificación del criterio exige justificación expresa y razonada.
• Prohibición de discriminación: tratamientos diferenciados basados en circunstancias tasadas (nacimiento, raza, sexo, religión, opinión) o asimilables, que son sospechosos de inconstitucionalidad y requieren justificación reforzada.
• Igualdad sustancial o material: combinada con el art. 9.2 CE («corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas»), legitima medidas de discriminación positiva o acciones positivas a favor de grupos históricamente discriminados.

Categorías sospechosas (art. 14 CE):

• Nacimiento: prohibición de tratamientos diferenciados según el origen familiar o el carácter matrimonial o no matrimonial.
• Raza, etnia y origen racial: prohibición absoluta de discriminación racial (refrendada por convenios internacionales: Convención NU 1965).
• Sexo: prohibición de discriminación por sexo o género. Marco específico en la LO 3/2007.
• Religión: complementa la libertad religiosa del art. 16 CE.
• Opinión: política, sindical, ideológica.
• Otras circunstancias personales o sociales: cláusula abierta que cubre orientación sexual, identidad de género, discapacidad, edad, estado civil, salud, antecedentes penales, situación económica, etc.

Test de igualdad (jurisprudencia TC):

• Términos de comparación adecuados: identificar grupos comparables en situaciones jurídicamente equivalentes.
• Diferencia de trato: existencia de una norma o acto que les aplica consecuencias jurídicas distintas.
• Finalidad legítima: justificación objetiva y razonable de la diferenciación.
• Proporcionalidad: razonabilidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta entre la diferencia de trato y la finalidad perseguida.
• Categoría sospechosa: si la diferencia se basa en raza, sexo, religión, etc., el escrutinio es estricto (presunción de inconstitucionalidad).

Discriminación directa e indirecta:

• Directa: trato diferenciado expreso por causa prohibida.
• Indirecta: norma o práctica aparentemente neutra que produce un impacto desproporcionado sobre un grupo protegido sin justificación objetiva y proporcionada.

Acciones positivas: las medidas que favorecen al grupo históricamente discriminado son constitucionales cuando sean razonables, proporcionadas y temporales (cuotas de representación femenina en partidos políticos, plazas para personas con discapacidad, planes de igualdad en empresas, ayudas a colectivos vulnerables).

Marco normativo de desarrollo:

• LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: planes de igualdad en empresas, registro retributivo, permisos de paternidad/maternidad equiparables, principios.
• Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación: marco unificado para todas las causas de discriminación.
• LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana: control del uso del derecho de manifestación.
• Convenios internacionales: CEDAW, Convención NU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 14), Carta DDFF UE (arts. 20-26).

Acciones judiciales: recurso de amparo ante el TC tras agotar la vía judicial previa; procedimiento preferente y sumario de tutela ante la jurisdicción ordinaria (art. 53.2 CE, art. 121 LJS para igualdad laboral); acciones de cesación, reparación e indemnización en vía civil, penal o contencioso-administrativa.

Fuentes oficiales: Constitución Española (BOE) · Tribunal Constitucional