Entrada y registro domiciliario

La entrada y registro afecta al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), uno de los más protegidos. Por eso requiere por regla autorización judicial motivada, con excepciones tasadas.

Supuestos legales de entrada (art. 18.2 CE y art. 545 LECrim):

• Consentimiento del titular: válido si es libre y consciente.
• Resolución judicial motivada: por regla, mediante auto del juez de instrucción.
• Delito flagrante: cuando se está cometiendo un delito o se acaba de cometer y el autor se encuentra perseguido en caliente.
• Causas urgentes: socorro a víctimas, prevención de fuga.

Resolución judicial:

• Motivación específica: indicios suficientes del delito y de la presencia en el domicilio de elementos relevantes (pruebas, autor, efectos).
• Determinación del lugar: dirección concreta del domicilio a registrar.
• Finalidad: hechos perseguidos, objetos a buscar.
• Modo y tiempo: horario (por regla, diurno; nocturno solo en supuestos excepcionales), presencia obligatoria del LAJ.
• Sujetos autorizados para intervenir.

Concepto de domicilio (STC 22/1984 y consolidada):

• Incluye cualquier espacio donde se desarrolle la vida privada.
• Vivienda habitual y segunda residencia.
• Habitación de hotel ocupada.
• Caravana habitable.
• Embarcación con uso residencial.
• NO incluye espacios abiertos al público (bares, comercios), salvo trastiendas o despachos privados.
• El domicilio de persona jurídica también tiene protección, aunque con menor intensidad (STC 137/1985).

Procedimiento del registro (arts. 569-578 LECrim):

1. Personación de la comisión judicial: agentes con la orden, LAJ presente.
2. Notificación de la orden al titular o ocupante.
3. Presencia del titular (recomendable) o de testigos vecinos si no está.
4. Registro sistemático con respeto a la intimidad: minimizar la afectación a bienes personales no relacionados con la investigación.
5. Recogida y sellado de evidencias con cadena de custodia.
6. Acta detallada firmada por LAJ, agentes, titular y testigos.

Excepciones de urgencia:

• Flagrancia: cuando el delito se está cometiendo o acaba de cometerse, los agentes pueden entrar sin autorización judicial. Sólo si concurre verdadera urgencia.
• Consentimiento: el titular puede autorizar la entrada en cualquier momento. El consentimiento debe ser libre, consciente y específico; puede revocarse.
• Auxilio a víctimas en peligro grave e inminente.

Nulidad por irregularidades: si la entrada se realiza sin autorización válida ni excepción aplicable, la diligencia es nula de pleno derecho y todo lo encontrado se considera prueba ilícita (art. 11 LOPJ), inutilizable en juicio. La doctrina de los frutos del árbol envenenado puede extender la nulidad a pruebas derivadas.

Fuentes oficiales: LECrim (BOE) · Constitución Española (BOE) · Jurisprudencia TC